Son necesarios una política activa en defensa de los intereses de todos los trabajadores, empleados o desempleados, y un apoyo decidido a la economía real y productiva.
En España esta crisis es aún mas grave que en la mayoría de los países de su entorno, y sus consecuencias sobre el empleo son mucho más profundas y dramáticas. Superada la cifra de 4 millones de desempleados, ya hay 900.000 familias que tienen a todos sus miembros en el paro y más de 1,5 millones de parados han dejado de percibir la prestación por desempleo (cuando Zapatero en su discurso de investidura en 2008 dijo que ningún ciudadano quedaría "desamparado" ante la crisis).
Esta crisis capitalista mundial tiene esta especial incidencia en España a causa de las irresponsables políticas económicas de los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE, que no supieron ni quisieron atajar a tiempo la especulación inmobiliaria y crediticia, ni afrontar el cambio hacia un modelo productivo sólido y equilibrado, que genere empleo digno, estable y de calidad. Es es la principal causa de la especial gravedad de la crisis en España. Hay otras, también con el PP y el PSOE como responsables. Por ejemplo, una política fiscal regresiva que pone todo el peso del gasto público sobre la espalda de los trabajadores, mientras exime de sus responsabilidades a las clases más privilegiadas y a los beneficios empresariales: por eso se han reducido tanto los ingresos del Estado, que ahora serían precisos para disponer de más capacidad de maniobra para aplicar políticas sociales e incentivar la recuperación económica.
En esta compleja situación, el empleo es problema principal y la primera preocupación de los trabajadores. Es necesaria una política activa en defensa de los intereses de todos los trabajadoras y trabajadores, empleados o desempleados. Es preciso apoyar a la economía real y productiva de las pequeñas y medianas empresas, así como a los autónomos, a las iniciativas de economía social y cooperativa, al sector público...
Para combatir la crisis, desde IU hacemos las siguientes propuestas:
- Rechazar todos los ERE de las empresas que han obtenido beneficios en el ejercicio anterior, para evitar que la crisis sirva a las grandes empresas como pantalla para precarizar a su plantilla, externalizar o deslocalizar sus actividades.
- Destinar 5.000 millones de euros para subvencionar los intereses de crédito a corto plazo para las PYMES con dificultades de tesorería (estos créditos se concederían sin intereses, a condición de que no se proceda a ningún despido). El agente de estos préstamos sin interés sería una nueva Banca Pública. En este momento, esta medida permitiría conservar al menos 450.000 puestos de trabajo.
- Destinar 2.000 millones de euros para financiar subvenciones de hasta el 25%, gestionadas por los Ayuntamientos, del importe de obras de rehabilitación de viviendas privadas, con la finalidad de mejorar su eficiencia energética, su modernización y el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad vigentes (esto supondría la creación de 150.000 puestos de trabajo e incrementaría el parque inmobiliario sin crear nuevas burbujas especulativas ni daños medioambientales).
- Inversión de 35.000 millones de euros en la construcción de infraestructuras y la dotación de los servicios públicos, esencialmente en lo referido a la enseñanza de 0-3 años, la mejora en sanidad pública, la plena aplicación de la Ley de Dependencia, el reforzamiento humano y técnico de la Administración de Justicia, el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo y de la Agencia Tributaria (estas medidas supondrían la creación de 140.000 empleos y una notable mejora en los servicios de cobertura universal garantizada para el conjunto de los ciudadanos).
- Plan de infraestructuras urbanas para modernizar y mejorar las redes urbanas de distribución (soterramiento de redes eléctricas de alta y media tensión, renovación de la red de distribución de agua, etc.; esta medida supondría a corto plazo la creación de 280.000 puestos de trabajo, y a medio plazo un importante ahorro en recursos ahora malgastados en infraestructuras ineficientes).
- Para ayudar las más de 900.000 familias que tienen a todos sus miembros en el paro y para el 1,5 millones de parados que no cobran ninguna prestación, proponemos la creación de una Renta Básica de Ciudadanía (que pondría freno a la exclusión social que afecta a millones de ciudadanos y tendría un coste muy inferior a los a los 150.000 millones de euros empleados en el "rescate" con fondos públicos de la banca privada).
- Una nueva ley que impida el embargo de la primera vivienda a los trabajadores que no puedan hacer frente a la hipoteca, por encontrarse en situación de desempleo o sobreendeudamiento.
Estas y otras medidas permitirían la creación de 1.900.000 empleos, con un coste aproximado de 70.000 millones de euros, una cantidad muy inferior a la destinada a salvar a la Banca privada. Esta cantidad saldría en su mayor parte de una reforma tributaria que restituya el principio de progresividad fiscal, haciendo pagar más a quien más tiene, unificando la tributación de las rentas del capital y del trabajo en el IRPF. También, combatiendo el fraude fiscal y la economía sumergida, haciendo aflorar los capitales ocultos e incorporando a la legalidad laboral a los cientos de miles de trabajadores que hoy trabajan en condiciones irregulares.
Izquierda Unida de Villanueva de La Serena (Badajoz), abril de 2009
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